El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 783 protestas en agosto de 2019. Esto significó un promedio de 26 diarias. En comparación con el mismo periodo del año pasado, las manifestaciones se redujeron 11% en 12 meses.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 783 protestas en agosto de 2019. Esto significó un promedio de 26 diarias.
En comparación con el mismo periodo del año pasado, las manifestaciones se redujeron 11% en 12 meses.

La demanda de derechos civiles y políticos fue la principal motivación de los venezolanos. Representó 66% del total de protestas registradas el mes pasado.

El restante (34%) tuvo que ver con la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), vinculadas principalmente con exigencias laborales, el acceso a servicios públicos de calidad, salud, alimentos y educación.

Distribución geográfica de las protestas

Durante agosto las entidades con mayor índice de protestas fueron: Anzoátegui (107), Distrito Capital (75), Monagas (71), Bolívar (63) y Miranda (58).

En conjunto, los estados orientales desplazaron a la región andina en el liderazgo de las protestas este mes. Los ciudadanos exigen un cambio en la conducción política del país.

Protestas combinadas

De las 783 protestas documentadas en agosto, 183 fueron combinadas. Los venezolanos exigieron en una misma protesta derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de manifestaciones representó el 23% del total registrado.

En agosto, la tendencia de conflictividad se mantuvo ligada al ámbito político. El OVCS documentó 445 reclamos, en promedio diario serían 15 protestas.

Al discriminar por tipo de protestas, 239 respondieron a convocatorias del régimen de Nicolás Maduro en rechazo a la orden ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que ordenó congelar bienes y activos del Estado venezolano en territorio estadounidense, así como la prohibición de transacciones comerciales, exceptuando las relacionadas con alimentos, medicina y ropa.

Las actividades contemplaron, concentraciones y recolección de firmas contra de la orden ejecutiva, para ser entregadas al secretario general de las Naciones Unidas (ONU) el próximo mes de septiembre durante la Asamblea General.

Paralelamente, opositores acudieron a 206 jornadas de protestas en apoyo a las acciones ejercidas por el presidente (e) Juan Guaidó, en el marco de la denominada Operación Libertad, para hacer frente al colapso de servicios básicos, la precariedad del poder adquisitivo de los venezolanos, el deterioro del sistema público de salud, la política represiva contra opositores y demás calamidades que atraviesa la sociedad actualmente.

Las actividades de calle, por parte de los sectores políticos, fueron permanentes en marchas, concentraciones y cierres de calle.

Precariedad en servicios básicos

Como hemos reiterado en informes anteriores, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce en sus artículos 82 y 117 el derecho de las personas a disponer de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, además de bienes servicios básicos de calidad. Sin embargo, la precariedad y el colapso de los servicios son sistemáticos en todo el país.

La falta de gas doméstico ha desatado una crisis en ciertos estados, sobre todo de la región occidental. El OVCS documentó al menos 59 protestas de comunidades en demanda de este derecho y el rechazo al cobro del servicio en moneda extranjera, dólares y euros, cuando el poder adquisitivo del salario es insuficiente y la moneda oficial del país es el bolívar.

Pese a los riesgos, algunas familias han optado por preparar los alimentos a leña, exponiendo su salud, integridad física y contaminación del medioambiente.

El acceso al agua potable es cada vez más complicado en algunas comunidades, lo que llevó a cientos a ejercer su derecho a la protesta durante 46 oportunidades. Los estados Nueva Esparta, Falcón y Amazonas registraron numerosos reclamos por agua este mes. Quienes salen a manifestar denuncian amenazas sanitarias y dificultades para cumplir con sus actividades cotidianas.

En agosto se registró un nuevo apagón general, cuyo servicio tomó pocas horas en restablecerse en comparación con marzo, mientras que las fluctuaciones en el servicio continuaron a lo largo de todo el mes. Por esta situación se documentaron 29 protestas. El estado Zulia continúa siendo la entidad que enfrenta las peores consecuencias de la crisis eléctrica, aunque diversas entidades registran constantes cortes del servicio.

Los apagones no solo ha trastocado la rutina de las familias venezolanas, sino también del aparato productivo. También incide en el servicio de telecomunicaciones, lo que deja a ciertas zonas totalmente desconectadas por horas y días.

Derechos laborales

Los reclamos laborales se ubicaron en el tercer lugar del índice de conflictividad. En este lapso se reportaron 124 protestas, equivalentes a 4 diarias, para exigir mejoras salariales y respeto a los contratos colectivos frente a la desenfrenada inflación.

Los trabajadores son los que están llevando la peor parte de la crisis, al ver limitadas sus oportunidades de mejora y calidad de vida. El poder adquisitivo del salario ha llegado a niveles críticos que no permite a las familias cubrir las necesidades básicas, en agosto el salario mínimo de un trabajador es equivalente a dos dólares.

Esta es una de las principales causas de la ola migratoria debido a la imposibilidad de sobrevivir frente al aumento de precios. A esto se suma el cobro de bienes y servicios en moneda extranjera en un entorno donde no todas las empresas, incluyendo la administración pública, pueden proveer salarios dignos.

Empleados de las empresas básicas, sector salud y estudiantil se mantienen liderado las acciones de calle en defensa las reivindicaciones salariales y el respeto a las tablas de clasificación.

La libertad sindical y defensa de los derechos laborales resultó amenazada una vez más por el régimen de Maduro, al concretarse el juicio del secretario general de Ferrominera Orinoco, Rubén González, en el que se le dictó una condena de 5 años y 9 meses de prisión, por liderar protestas laborales. Trabajadores de distintos sectores repudiaron la decisión con manifestaciones de calle en contra de la sentencia.

Derecho a la justicia

Pese a la política oficial represiva, los ciudadanos han salido a las calles a defender y exigir el derecho a la justicia en al menos 79 oportunidades. Las protestas estuvieron vinculadas principalmente a detenciones, ejecuciones extrajudiciales en zonas populares por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.

Ante la ausencia de justicia y Estado de Derecho, entre otros aspectos, la anomia social y violencia aumenta en Venezuela. En agosto se documentaron al menos 15 linchamientos o intentos de linchamiento. En dos casos fueron asesinados ciudadanos, en los estados Cojedes y Miranda.

El OVCS reitera sus exigencias:

Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.

Poner fin a la orden dada a cuerpos de seguridad y de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad.

El cese inmediato de la participación de colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.

Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.

Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social)

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